El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado y entregado ya a las Cortes el informe de análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León a los pequeños municipios en la etapa que va del ejercicio 2019 al de 2022.
Se trata de un informe con un significado especial ya que hace el número 300 de la serie histórica de los trabajos aprobados por el órgano autonómico de control externo que preside Mario Amilivia. Por medio de todos ellos se han realizado 2.503 recomendaciones dirigidas a los entes fiscalizados de la Comunidad para una correcta gestión de los recursos públicos, favoreciendo e impulsando la transparencia.
De los 300 informes, 147 corresponden al sector público autonómico, 142 al sector público local y 11 son resultado de los trabajos realizados en el seguimiento permanente de las recomendaciones.
La fiscalización de la Diputación leonesa -publicada ya en la web institucional- es la segunda que se aprueba de las 10 programadas para las 9 diputaciones de la Comunidad y el Consejo Comarcal de El Bierzo con el objetivo de analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.
En su análisis presupuestario el trabajo pone de manifiesto entre otros datos que, durante el periodo analizado, los fondos líquidos de tesorería, uno de los componentes del remanente, presentan incrementos significativos. Así, en 2019 eran de 197,6 millones de euros, pasando en 2021 a 203,6 millones, hasta alcanzar en 2022 los 220,3 millones.
En esta línea, el remanente de tesorería para gastos generales de la institución provincial presenta signo positivo en todos sus entes dependientes y adscritos. En la entidad principal se cifra en 154,3 millones en 2019 y, pese al descenso que registra en 2021, con 146,9 millones, alcanza en 2022 un importe de 161,6 millones de euros.
El informe que hoy divulga el Consejo de Cuentas subraya también que el 34% (195 millones) del gasto en el cuatrienio citado corresponde a transferencias a las entidades locales, en su gran mayoría para infraestructuras, sumando las subvenciones del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 113,7 millones. Anota además que el importe total por la prestación de servicios declarado por la Diputación leonesa en el periodo examinado suma 308,4 millones, y que la atención a situaciones de necesidad social es la que mayores recursos demandó.
El sector público local de la provincia lo conforman, además de la Diputación, 211 ayuntamientos, 39 mancomunidades y 1.228 entidades locales menores. El 57% de los municipios no alcanzan la densidad de población de 12,5 hab./km.², umbral de riesgo demográfico definido por la UE. La capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo suman casi la mitad de la población de toda la provincia y un total de 103 municipios no alcanzan los 500 habitantes.
La Diputación tenía en el periodo fiscalizado 5 entes dependientes y adscritos: Instituto Leonés de Cultura, Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul), Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, Consorcio Patronato Provincial de Turismo y Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança (AECT León-Bragança). El 1 de enero de 2024 se produjo la cesión de activos y pasivos de Gersul a la Diputación, lo que implicó su extinción. Las cuentas generales de la Diputación sobre los ejercicios fiscalizados no incluyen ninguna de las cuentas anuales de la AECT León-Bragança.
Según el contenido de las memorias que forman parte de la cuenta general, en el periodo analizado, la Diputación reconoció obligaciones por un importe total de 154 millones de euros, por los servicios prestados y las actividades realizadas por las diversas áreas de la institución. Los derechos reconocidos, provenientes de las aportaciones de los usuarios y de las subvenciones recibidas afectadas a dichas actuaciones, suman 85,9 millones, lo que representa un déficit de financiación a nivel global, para todo el periodo, del 44%.
Las actividades relativas al Servicio Ayuda a Domicilio (45,5 millones); Centro Nuestra Señora del Valle (23,8); Colegio Santa María Madre Iglesia (17); Estación Invernal San Isidro (14,3); Gestión tributaria y recaudación (13,2); y la Residencia Santa Luisa (13,1), son las que mayores recursos absorben. Salvo el servicio de ayuda a domicilio y el de gestión tributaria y recaudación, el resto de las actividades citadas no forman parte de las competencias propias que la normativa atribuye a las diputaciones.
La Diputación formalizó en los 4 años 447 contratos por 29,6 millones de euros, siendo los de mayor importe el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de conservación de la Red Provincial de Carreteras, Zonas Oriental y Occidental.
También, según la información aportada, la institución suscribió en el periodo analizado 258 convenios con entidades locales, el 86% de los cuales responden a dos líneas de actuación: la recogida de perros abandonados y el programa “Crecemos”. Algunos de los convenios formalizados no fueron comunicados en la Plataforma de Rendición de Cuentas o lo fueron de forma incompleta.
Dotación de personal. La relación de puestos de trabajo aportada por la Diputación incluye solo la entidad principal y el Instituto Leonés de Cultura, con 1.188 y 53 puestos respectivamente al cierre de 2022, que hacen un total de 1.241. El 46% de los puestos se encontraba vacante.
Los servicios o unidades administrativas relacionados más estrechamente con el apoyo a la prestación de servicios municipales (asistencia, cooperación, prevención y extinción de incendios y gestión, inspección y recaudación tributaria) aglutinan en torno al 14% de los efectivos de la RPT de la Diputación. La institución y sus entes dependientes destinaron en el periodo analizado una media del 36% del presupuesto inicial a gastos de personal.
Análisis presupuestario. El presupuesto consolidado de la entidad se situó entre los 133,5 millones de euros en 2019 y los 152,7 en 2022. A nivel consolidado, liquidó en superávit en todos los ejercicios del periodo salvo 2021. En la liquidación de gastos, en el mismo periodo las operaciones corrientes absorbieron el 63% y las de capital el 37% del total.
En cuanto al resultado presupuestario, el Consorcio de Gestión y Promoción del Aeropuerto de León y Gersul son los dos únicos entes que presentan signo negativo en alguno de los ejercicios del periodo. Respecto a la AECT León- Bragança, no constan ni la aprobación, ni la liquidación de presupuestos.
Del total de los gastos de la institución provincial en el periodo 2019-2022 (567 millones), el 34% (195 millones) correspondió a transferencias a las entidades locales. La administración general de infraestructuras, con el 89%, absorbe la gran mayoría de las transferencias concedidas.
Las principales líneas de ayudas concedidas a las entidades locales durante el periodo se centraron en las siguientes actuaciones: Plan Provincial de Cooperación; Equipamiento; Plan Juntas Vecinales; Plan de empleo; Varios; Actividades culturales, Modernización, adecuación y mejora de polígonos; y Plan de ocupabilidad.
Coordinación de servicios municipales obligatorios. Las ayudas concedidas por la Diputación de León toman en cuenta el número de habitantes de los municipios a los que van dirigidas, aunque no se encontraban precedidas de los instrumentos de planificación previstos en la normativa.
La Diputación no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales.
En el periodo 2019-2022, bajo la denominación de Plan Provincial de Cooperación Municipal, concedió 113,7 millones de euros en subvenciones a los municipios dentro del marco del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS) regulado en la citada ley.
Los importes de las ayudas concedidas en 2019 fueron 16,1 millones y aumentaron hasta triplicarse en 2022 con 49,3 millones. La institución provincial financió una media del 97,5% y las aportaciones municipales el 2,5% restante.
Los ayuntamientos más pequeños recibieron mayor ayuda, en relación con su población, que los más grandes, circunstancia coherente con la finalidad de los planes provinciales, si bien los objetivos y los criterios de distribución deberían acreditarse en una memoria justificativa. Las obras en vías públicas y las de abastecimiento de agua, junto a otras obras en equipamientos de su titularidad, fueron las que concentraron el mayor número de aportaciones de la Diputación.
El informe recoge también que no consta la aprobación de un plan estratégico de subvenciones y la entidad carece de una normativa específica reguladora del POS, concretándose dicha regulación en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada en 2009, modificada posteriormente.
En el periodo fiscalizado aprobó varios planes especiales que se agruparían en 11 líneas de actuación, con un importe total de 39,9 millones. Las mayores cuantías corresponden a los planes de empleo y al plan de juntas vecinales.
Prestación de servicios en los municipios. La Diputación no ejerce las competencias referidas a los servicios de asistencia en los planes económicos- financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada, ni tampoco desarrolla las funciones respecto a la concesión de créditos por la Caja de Crédito.
En relación con la prevención y extinción de incendios, el Pleno aprobó en 2022 la memoria para la creación y gestión del servicio, sin perjuicio de los convenios formalizados con los Ayuntamientos de León y Ponferrada y con las administraciones de territorios limítrofes para su prestación.
La Junta de Castilla y León financia desde 1985 los servicios de asistencia y asesoramiento establecidos por las Diputaciones y por la comarca de El Bierzo mediante una línea de ayudas específicas. En el periodo analizado, el importe de dichas ayudas para la Diputación de León se cifró en 377.480 euros anuales, es decir, un total de 1,5 millones. El coste de personal funcionario de habilitación de carácter nacional (Secretaría-Intervención) del servicio de asistencia a municipios de la Diputación de León representó el 46,9% de dichas ayudas.
El importe total resultante de los costes por la prestación de los servicios y por el ejercicio de competencias que declaró la Diputación de León al Ministerio de Hacienda a lo largo del periodo examinado se cifró en 308,4 millones de euros, siendo las funciones relacionadas con la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, las que mayores recursos demandaron (162,5 millones).
Las recomendaciones del Consejo a la Diputación. El Consejo realiza 5 recomendaciones, 4 dirigidas a la Diputación y una a la Comunidad Autónoma. Entre ellas, la Diputación debería mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.
Asimismo, debe priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica con los ayuntamientos, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial, bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales. Además, debe adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos por la normativa sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración.
